Por Mauricio Jalife
Son ya muchos los casos de marcas reconocidas de empresas mexicanas que han sido materialmente secuestradas por ciudadanos de esos países, bajo condiciones de extorsión que rebasan todo estándar internacional de cobertura.
Hace décadas, cuando el Gobierno promovía el modelo de sustitución de importaciones los mexicanos solíamos registrar marcas de origen extranjero para posteriormente lucrar con los derechos, amparados por una legislación localista y obsoleta. Grandes batallas legales se desarrollaron en nuestro país para tratar de reintegrar a sus legítimos propietarios marcas famosas como Chemisse Lacoste, Fila, Cartier, Banana Republic y muchas más.
Años más tarde y bajo los influjos del libre comercio, nuestras leyes en la materia se modernizaron, concediendo a los extranjeros recursos eficaces para la defensa de sus derechos de marca, reduciendo sensiblemente esta práctica desleal.
Sin embargo, no todas las leyes de marcas en el mundo han evolucionado en forma paralela, de manera que hoy las corporaciones mexicanas son víctimas de prácticas equivalentes en diversos países. Diversas marcas mexicanas famosas como Lala, Cemex, Voit, Bonafont, Truper, Bimbo y Jugos del Valle; se han visto forzadas a negociar acuerdos o litigar durante años en países de Centro y Sudamérica, para recuperar sus derechos y la viabilidad del negocio en estos territorios.
Lamentablemente, aunado a estos enormes riesgos que el entorno internacional de negocios plantea a cualquier empresa que proyecta su expansión, otros factores de alta preocupación se suman a este menú de contingencias. En particular nos referimos a los casos de países asiáticos como China, Taiwán y Pakistán, cuyas leyes de marcas permiten serios abusos de parte de los nacionales.
Son ya muchos los casos de marcas reconocidas de empresas mexicanas que han sido materialmente secuestradas por ciudadanos de esos países, bajo condiciones de extorsión que rebasan todo estándar internacional de cobertura. Una práctica muy usual es que los maquiladores previos de una marca, realicen el registro de la misma para extorsionar al titular de los derechos y obligarle a continuar la relación de negocios, o bien, a pagar una suma exorbitante por permitirles la manufactura y salida de sus productos del país en turno.
Si bien la imposibilidad de exportar a otros países es un grave freno a los planes expansivos de una empresa, la detención de los productos maquilados en un país por un problema de marcas es una amenaza que pone en riesgo la viabilidad completa de una corporación.
Como se sabe, muchas empresas mexicanas, buscando mantener niveles de competitividad en precios, han mudado su manufactura a China bajo la figura de la maquila. Basta ponderar que la producción completa de una empresa para una determinada temporada -con la brevedad de tiempos que suponen las operaciones comerciales- sea retenida porque un nacional de ese país se asuma como su “propietario”; el daño suele ser mayúsculo, y los tiempos y opciones reales pueden conducir inexorablemente a negociaciones forzadas e inconvenientes con los “secuestradores” de marcas.
Ésa es la razón que ha llevado a que la agenda del Presidente Felipe Calderón hubiese incluido como asunto pendiente con China la reclamación respectiva para que ese país se esfuerce en evitar situaciones como la narrada. Es sin duda un rasgo alentador asumir que nuestro país hoy puede elevar reclamaciones a otros por violaciones a derechos de propiedad intelectual, cuando históricamente sólo habíamos sido objeto de las mismas.
Sin embargo, es trascendental que sean las empresas nacionales las que, basadas en un manejo adecuado de sus derechos, realicen oportunamente las gestiones de registro en los países con los que comercian, para evitar este tipo de graves contingencias. La novedad es que ahora no sólo deben tenerse en perspectiva para registro y protección los países a los que se exporta, sino que debe cuidarse, especialmente, a aquéllos en los que se maquila o manufactura.
Un aspecto que debe rescatarse de toda esta problemática referida es la necesidad imperativa de que nuestro país cuente con una presencia internacional -definida y visibleen materia de Propiedad Intelectual. En ese sentido, habría que destacar que desde hace años, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) ha desarrollado una actividad constante y encomiable, con presencia constante en diversos foros y temáticas. Por eso es momento, no cabe duda, de apoyar decididamente estas líneas de acción. A fin de cuentas, a todos beneficia.